Por Felipe Portales
La gigantesca concentración de la propiedad de los medios de comunicación
promovida por los gobiernos de la Concertación, con la finalidad de hacer
invisible su convergencia económica con la derecha (Ver: Defección del
liderazgo concertacionista¨; El Mostrador; 2-3-2009); se ha complementado
con una profunda e inadvertida autocensura que deja fuera de los medios
masivos de comunicación las noticias, opiniones, debates, entrevistas y
documentales que puedan afectar la estabilidad del modelo neoliberal en boga
o la imagen del liderazgo concertacionista. La combinación de ambas genera
una desinformación extrema en la sociedad chilena; y lo que es más grave
aún, una desinformación de la que las víctimas ni siquiera son concientes.
Una de las formas principales como se efectúa dicha autocensura es a través
de la virtual sofocación de noticias o publicaciones que en cualquier país
realmente democrático -por su trascendencia para el interés público-
generarían un notable seguimiento, investigación y debate ulterior. En
Chile, en cambio, pasan ¨milagrosamente¨ desapercibidas.
Se podrían llenar innumerables páginas con su listado. Por tanto, daremos
una pequeña muestra de ellas: La oposición judicial del Gobierno de Aylwin a
la devolución de muchos de los bienes robados a la familia Allende luego del
Golpe; la designación de los gobiernos de Frei y Lagos de numerosos
agregados militares en el exterior, involucrados en graves violaciones de
derechos humanos; la resolución del gobierno de Lagos de definir a quién le
correspondían los bienes del confiscado diario Clarín, en circunstancia que
la materia estaba pendiente de resolución judicial; el homenaje rendido por
Lagos a uno de los artífices de la Operación Cóndor (Hugo Banzer), al ser el
único presidente del mundo en concurrir a sus funerales; los miles de
millones de dólares que ha perdido el Estado chileno por el ¨legal¨ no pago
de impuestos de las compañías extranjeras de la gran minería del cobre; la
aprobación, en 2004, de una disposición legal que le prohíbe al Poder
Judicial tener acceso a las denuncias de torturas efectuadas ante la
Comisión Valech; y las objeciones presentadas por el Gobierno de Bachelet a
que asumiera una jueza francesa en el panel de magistrados del CIADI sobre
el caso Clarín, porque había escrito un artículo contra Pinochet en Le
Monde.
Cada uno de los hechos anteriores, de haber existido una real libertad de
información y expresión, habría generado un verdadero terremoto político. Y,
por cierto, hubiera sido políticamente imposible para el liderazgo de la
Concertación afrontar la suma de ellos en el escenario de una sociedad
informada por una diversidad plural de medios de comunicación,
particularmente de diarios y canales de televisión.
Entre los últimos casos de noticias o publicaciones ¨sofocadas¨, merecen ser
destacadas:
1.- La denuncia -no desmentida- de María Olivia Monckeberg, del
aprovechamiento masivo de las becas Valech, por parte de la universidad
UNIACC, al impartirles a sus beneficiarios cursos -financiados por el
Estado- que no cumplían con la finalidad de la ley de permitirles completar
su educación superior. (¨El negocio de las universidades en Chile¨, 2007,
pp. 250-65);
2.- La denuncia -tampoco desmentida- de que se efectuó un gigantesco fraude
estadístico con la CASEN 2006, que falsifica o manipula -respectivamente-
los índices de desigualdad y pobreza en nuestro país. ( El Ciudadano;
Diciembre, 2007);
3.- La noticia -igualmente no desmentida- de que el gobierno chileno pidió
el año pasado la salida del embajador cubano en nuestro país, por haber
efectuado duras críticas a la derechización de la Concertación, en una
reunión con residentes chilenos en La Habana. (El Mercurio; 14-12-2008).
Ello explicaría perfectamente la ¨venganza¨ de Fidel Castro de enrostrar
públicamente las referencias históricas internacionales que más podían
dolerle a un gobierno chileno; y
4.- La denuncia de Nelson Ávila de que, luego de un viaje a Bélgica a fines
de los 90 -y de su oportuna y desoída comunicación a diversas autoridades
chilenas de la época-, quedó con la convicción de que el dinero de las
coimas para la compraventa de los Mirage quedó ¨no solo en el ámbito de las
Fuerzas Armadas, sino también en esferas donde en algún momento debían
tomarse decisiones políticas. (La Segunda; 13-2-2009).
La gigantesca concentración de la propiedad de los medios de comunicación
promovida por los gobiernos de la Concertación, con la finalidad de hacer
invisible su convergencia económica con la derecha (Ver: Defección del
liderazgo concertacionista¨; El Mostrador; 2-3-2009); se ha complementado
con una profunda e inadvertida autocensura que deja fuera de los medios
masivos de comunicación las noticias, opiniones, debates, entrevistas y
documentales que puedan afectar la estabilidad del modelo neoliberal en boga
o la imagen del liderazgo concertacionista. La combinación de ambas genera
una desinformación extrema en la sociedad chilena; y lo que es más grave
aún, una desinformación de la que las víctimas ni siquiera son concientes.
Una de las formas principales como se efectúa dicha autocensura es a través
de la virtual sofocación de noticias o publicaciones que en cualquier país
realmente democrático -por su trascendencia para el interés público-
generarían un notable seguimiento, investigación y debate ulterior. En
Chile, en cambio, pasan ¨milagrosamente¨ desapercibidas.
Se podrían llenar innumerables páginas con su listado. Por tanto, daremos
una pequeña muestra de ellas: La oposición judicial del Gobierno de Aylwin a
la devolución de muchos de los bienes robados a la familia Allende luego del
Golpe; la designación de los gobiernos de Frei y Lagos de numerosos
agregados militares en el exterior, involucrados en graves violaciones de
derechos humanos; la resolución del gobierno de Lagos de definir a quién le
correspondían los bienes del confiscado diario Clarín, en circunstancia que
la materia estaba pendiente de resolución judicial; el homenaje rendido por
Lagos a uno de los artífices de la Operación Cóndor (Hugo Banzer), al ser el
único presidente del mundo en concurrir a sus funerales; los miles de
millones de dólares que ha perdido el Estado chileno por el ¨legal¨ no pago
de impuestos de las compañías extranjeras de la gran minería del cobre; la
aprobación, en 2004, de una disposición legal que le prohíbe al Poder
Judicial tener acceso a las denuncias de torturas efectuadas ante la
Comisión Valech; y las objeciones presentadas por el Gobierno de Bachelet a
que asumiera una jueza francesa en el panel de magistrados del CIADI sobre
el caso Clarín, porque había escrito un artículo contra Pinochet en Le
Monde.
Cada uno de los hechos anteriores, de haber existido una real libertad de
información y expresión, habría generado un verdadero terremoto político. Y,
por cierto, hubiera sido políticamente imposible para el liderazgo de la
Concertación afrontar la suma de ellos en el escenario de una sociedad
informada por una diversidad plural de medios de comunicación,
particularmente de diarios y canales de televisión.
Entre los últimos casos de noticias o publicaciones ¨sofocadas¨, merecen ser
destacadas:
1.- La denuncia -no desmentida- de María Olivia Monckeberg, del
aprovechamiento masivo de las becas Valech, por parte de la universidad
UNIACC, al impartirles a sus beneficiarios cursos -financiados por el
Estado- que no cumplían con la finalidad de la ley de permitirles completar
su educación superior. (¨El negocio de las universidades en Chile¨, 2007,
pp. 250-65);
2.- La denuncia -tampoco desmentida- de que se efectuó un gigantesco fraude
estadístico con la CASEN 2006, que falsifica o manipula -respectivamente-
los índices de desigualdad y pobreza en nuestro país. ( El Ciudadano;
Diciembre, 2007);
3.- La noticia -igualmente no desmentida- de que el gobierno chileno pidió
el año pasado la salida del embajador cubano en nuestro país, por haber
efectuado duras críticas a la derechización de la Concertación, en una
reunión con residentes chilenos en La Habana. (El Mercurio; 14-12-2008).
Ello explicaría perfectamente la ¨venganza¨ de Fidel Castro de enrostrar
públicamente las referencias históricas internacionales que más podían
dolerle a un gobierno chileno; y
4.- La denuncia de Nelson Ávila de que, luego de un viaje a Bélgica a fines
de los 90 -y de su oportuna y desoída comunicación a diversas autoridades
chilenas de la época-, quedó con la convicción de que el dinero de las
coimas para la compraventa de los Mirage quedó ¨no solo en el ámbito de las
Fuerzas Armadas, sino también en esferas donde en algún momento debían
tomarse decisiones políticas. (La Segunda; 13-2-2009).
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